Después de veintidós años en la ventanilla de Reclamaciones, cansado de discutir con señoras que traían el recibo de la luz como quien trae un hijo con fiebre, decidió contestar sin palabras. Al principio fue solo un experimento. Escuchaba al ciudadano, asentía con gravedad y le respondía por dentro, con una cortesía que jamás había tenido en voz alta: le explicaba los plazos, le perdonaba los recargos, le preguntaba por la cadera. Para su asombro, el ciudadano se marchaba satisfecho, doblando el impreso con la delicadeza de quien guarda una carta de amor.
La cola empezó a crecer. Venían de otros distritos, de otras provincias, gente sin trámite alguno que sacaba número solo para sentarse frente a él y sentirse atendida: un viudo que no sabía planchar, un notario arrepentido, un opositor que llevaba once convocatorias suspendiendo el mismo tema, una pareja que quería divorciarse y no recordaba por qué. A todos les respondía en silencio, y todos salían convencidos de que les había dado la razón.
Inspección envió a un técnico. El técnico pasó tres mañanas observándolo y tomando notas, y la cuarta sacó número. La Dirección General, que no podía sancionar lo que no constaba, y en el expediente no constaba nada porque nada se decía, optó por ascenderlo. Lo trasladaron a Madrid, a un despacho con moqueta desde el que debía responder las solicitudes que nadie se atrevía a contestar. No contestó ninguna. Transcurrido el plazo legal, todas se entendieron estimadas.
Fue el año más feliz de la historia administrativa del país: se concedieron licencias de obra para palomares en azoteas protegidas, se devolvieron multas de 1987 con sus intereses, se reconoció a un perro como beneficiario de una pensión de orfandad. Cuando por fin lo citaron en sede parlamentaria para que explicara su criterio, se quedó mirando a sus señorías durante un largo rato. Al día siguiente, el Boletín Oficial del Estado salió en blanco.
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